¿Qué ocurriría si se impaga la deuda pública?

1/4/2014

El pasado Sábado 22 se celebraron en Madrid las marchas por la dignidad, en la que cientos de miles de personas venidas de todas partes de España se reunían en Madrid para manifestarse y pedir al Gobierno pan, trabajo y techo. Unas exigencias totalmente razonables y a las que se sumaron miles de manifestantes más que acabaron colapsando el centro de la capital de España y que terminaron con los graves incidentes entre polícia y un grupo violento de manifestantes, convirtiendo un ambiente festivo en toda una batalla campal.

Uno de los lemas más llamativos de esta marcha era claro: no podremos salir adelante mientras tengamos la herencia de la deuda pública; por lo tanto, ¿por qué no la dejamos de pagar? Una propuesta que fue aplaudida y defendida por todos los manifestantes e incluso fue incluida dentro de uno de los manifiestos de las marchas. Sin embargo, si bien no seré yo quien defienda la acumulación de deuda pública, se trata de una petición tan inútil como absurda que no hará sino agravar aún más si cabe los problemas financieros de los españoles. ¿Qué ocurriría si se impaga la deuda pública?

En primer lugar, cabría preguntarse qué ocurriría en caso de impago de deuda pública desde un punto de vista jurídico. La deuda pública, como cualquier otro pasivo, constituye un contrato que vincula a dos partes, acreedor y deudor, en virtud del cual una de las partes, el deudor, se obliga a satisfacer  el capital prestado junto con los intereses pactados en contrato. Incumplir este contrato de manera unilateral llevaría a España a un escenario de inseguridad jurídica que espantaría a futuros inversores. ¿Para qué iban a traer sus capitales a España con tales antecedentes? Pero, sobre todo, ¿cómo financiaríamos el elevado déficit que arrastra España desde que comenzara la crisis? Eso lo analizamos desde el punto de vista económico.

Imposibilidad para financiar el déficit fiscal


Según las cifras proporcionadas por el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, España habría terminado 2013 con un superávit primario de 1,1% de no ser por la deuda pública. Dicho de otro modo, si no tuviésemos que pagar los intereses de la deuda ni teniendo en cuenta el efecto de la crisis, los ingresos superarían a los gastos en ese porcentaje. Sin embargo, la emisión de nueva deuda pública ha sido imprescindible para financiar el elevado déficit fiscal español debido a la imposibilidad de obtener recursos económicos por medio de los impuestos u otros ingresos. De no haberse emitido esta deuda, habría sido imposible financiar la sanidad, la educación y, en general, todos los servicios sociales.

En la actualidad, España tiene un déficit fiscal del 6,62%, o un desfase entre gastos e ingresos de, aproximadamente, 66.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que los intereses de la deuda se situarán en cerca de 36.590 millones de euros, el desfase total si se impagara la deuda y, por tanto, se dejaran de pagar los intereses de la misma, ascendería a cerca de 30.000 millones de euros, unos 82 millones de euros diarios a lo largo de todo el año. La pregunta es, ¿cómo financiamos este déficit?

La respuesta es sencilla: de ninguna forma. Una quita unilateral de la deuda por parte de España llevaría aparejada un recorte brutal de gasto de un día para otro de forma inexorable, debido a la incapacidad del país para emitir nueva deuda pública en los mercados financieros. 30.000 millones de euros es mucho dinero. Es la cuantía de las prestaciones por desempleo, un 25% de lo que nos gastamos en pensiones, el 62% de lo que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas, etc. ¿De dónde recortamos? ¿Aún más Sanidad y Educación? ¿Más servicios sociales? El resto de partidas del gasto en los PGE no dan para ahorrarnos todo ese dineral.

La única vía relativamente viable de conseguir este objetivo sin renunciar al gasto público es que España abandone el euro, recupere su soberanía monetaria y devalúe la moneda, mediante la monetización de la deuda pública por parte del Banco Central. Sin embargo, este tipo de episodios han terminado en inflaciones galopantes que han causado aún mayor sufrimiento a los habitantes del país, como la vivida en la República de Weimar entre 1921 y 1923 o la más reciente hiperinflación de Zimbaue.

Los bancos y las Administraciones Públicas quebrarían


Por si esto fuera poco, el impago de la deuda desataría una serie de consecuencias asimismo indeseables desde el punto de vista de los propios acreedores. Es obvio que si se impaga la deuda pública dejaríamos de pagar el dinero que nos han prestado, por lo que los más perjudicados serán los acreedores, que perderían toda su inversión. Esto no parece preocupar mucho a aquellos que apoyan la auditoría de la deuda, quizá por desconocimiento de quienes son los tenedores de esta deuda pública. Quizá muchos se sorprenderían al ver que la mayor parte de la deuda pública está en manos de residentes españoles, casi el 60%, tal y como muestra el siguiente gráfico.  


Pero no se vayan, aún hay más sorpresas. Si pensábamos que la mayoría de deuda pública estaba en manos de inversores institucionales (en general, fondos de inversión y fondos de pensiones), estábamos muy equivocados. A partir de la primera parte de la crisis, buena parte de los inversores institucionales residentes comenzaron a deshacer sus posiciones en deuda pública española. En cambio, dos actores inesperados comenzaron a adquirir buena parte de esta deuda para que el titular de Expansión fuese siempre el mismo: la subasta del Tesoro ha sido un éxito total, además de actuar como amortiguador de la prima de riesgo española.

Por un lado, las entidades de crédito comenzaron a acaparar gran parte de la deuda pública española, por dos motivos: por un lado, porque el BCE lo considera como activos de máxima calidad para la financiación de las entidades de crédito (es decir, sirven como colateral para el descuento de nuevos préstamos) y, por otro, por la elevada rentabilidad y seguridad del llamado carry trade: financiarse al 0,5% del BCE y obtener una rentabilidad del 5% en bonos del estado.

Por otro lado, las Administraciones Públicas y, en especial, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comenzaron asimismo a adquirir elevadas proporciones de deuda pública española. Quizá esta fuese la única forma de colocar las emisiones de deuda pública entre los inversores aunque, en este caso, la inversión quedase en casa.

La distribución de la deuda pública entre los tenedores residentes es la siguiente:


Ambos tenedores, AAPP y entidades de crédito, constituyen casi el 40% de la deuda pública en circulación. El impago de la misma supondría un agujero de casi 30.000 millones en las entidades de crédito y de casi 9.000 millones de euros en las Administraciones Públicas, añadiendo 90 puntos básicos más de déficit a las tan maltrechas arcas públicas. En este caso estaríamos hablando de la quiebra del sistema financiero español en pleno, de la más que posible quiebra del Sistema de Seguridad Social y, en general, de todo el Estado español, ante la imposibilidad de refinanciar casi 39.000 millones de euros (30.000 millones de déficit estructural + casi 9.000 de agujero en las cuentas públicas que quedarían después del impago). Todo ello sin hablar del prejuicio que tendrían que asumir muchas empresas y ciudadanos que también tienen sus ahorros invertidos en deuda pública.

De todos modos, quizá una auditoría ciudadana de la deuda propugne el impago de una parte de la deuda en función del tipo de acreedor, realizando una quita total a la misma sobre la deuda en manos de fondos de inversión, planes de pensiones, entidades de seguro y del sector no residente.  En este caso, la quita se realizaría sobre el 55% de la deuda pública en circulación. Es decir, la deuda pública se situaría en un nivel razonable de aproximadamente el 45% del PIB, siendo los intereses a pagar cercanos a 17.000 millones de euros. El déficit quedaría en 47.000 millones de euros, aproximadamente un 4,7% del PIB. Sin embargo, tendríamos que confiar todas nuestras emisiones de deuda futuras a estos agentes, fundamentalmente las entidades de crédito y las Administraciones Públicas. El problema es que la capacidad de estos agentes llega hasta donde llega y, después de ver una tímida recuperación de la inversión institucional en España, quizá no sea muy buena idea.

En definitiva, el impago de la deuda pública española supondría, a diferencia de lo que muchos piensan, la más que segura quiebra del sistema financiero y del conjunto de instituciones que conforman el Estado, en especial el de la Seguridad Social, al margen de crear un ambiente de inseguridad jurídica que haría muy difícil que retornasen inversiones a nuestro país. Quizá la única forma de llevar a cabo una quita tan drástica sea, como ya hemos apuntado, abandonar la moneda, recuperando de esta manera la soberanía monetaria e imprimir como locos. Sin embargo, esta medida tendría una contrapartida muy contraproducente que puede acabar en hiperinflación.

Nota: los cálculos se han realizado tomando como base los datos del Tesoro (datos aproximados)

La deuda pública sigue desbocándose

24/3/2014

Hoy, en nuestro podcast habitual, hablaremos sobre la deuda pública, que ha alcanzado el nivel récord de 95,7% del PIB y previsiblemente seguirá creciendo durante todo este año. Además, volveremos a hablar del informe Lagares y de las primeras decisiones de los políticos en torno al informe de los expertos; de momento, Montoro ha confirmado que no se va a subir el tipo reducido del IVA. Hablaremos también de la unión bancaria que se está comenzando a articular para la armonización de la legislación bancaria. Por último, hablaremos de un artículo de Kike Vázquez en el Confidencial reflexionando sobre si las marcas siguen siendo importantes o el torrente de información que recibimos a diario en los diferentes medios nos ha hecho reflexionar y elegir productos más baratos sin renunciar a la calidad.

¿Es la deflación un fenómeno perjudicial para la economía?

13/3/2014

Una de las mayores preocupaciones de las instituciones políticas y monetarias en los últimos meses es la que gira en torno a la entrada en un proceso deflacionario; en economía, la deflación se define como la bajada generalizada y prolongada (al menos de dos meses, según el FMI) del nivel general del precio de los bienes y servicios. A muchos de nosotros podría parecernos chocante y hasta contradictorio que las instituciones lancen mensajes de preocupación y ejecuten ciertas políticas monetarias expansivas ante la inminente llegada de la deflación; en efecto, si el precio de los productos que adquirimos es menor, los ciudadanos podremos comprar una mayor cantidad de los mismos, reactivando de esta manera el consumo e impulsando la economía. 

Sin embargo, existen argumentos en contra de la deflación que, si bien en múltiples ocasiones yerran en su análisis, pueden convencernos de que efectivamente la deflación no es un fenómeno todo lo beneficioso que podríamos pensar como consumidores:

En primer lugar, porque ante la expectativa de reducción de precios futuros, los ciudadanos postpondrán sus decisiones de consumo hasta poder adquirirlos al menor precio posible, perjudicando a las empresas y generando menores beneficios, inversión y mayor desempleo. Este argumento es falaz por dos motivos:

Por un lado, porque no podemos aplazar la decisión de consumir o no ciertos productos a un período de tiempo posterior. Es decir, no podemos dejar de comer, de beber o de vestirnos (productos que, por cierto, tienen las mayores ponderaciones en el cálculo del IPC).

Por otro lado porque, a pesar de que ciertos productos no perecederos han ido reduciendo progresivamente su precio en los últimos años gracias al aumento de la productividad (por ejemplo, ciertos dispositivos electrónicos como ordenadores o móviles) o de la competencia (tarifas móviles en España), los ciudadanos no han esperado a que se redujera su precio aún más. Simplemente han acudido al establecimiento a adquirir el producto.

En segundo lugar, porque la deflación aumenta la carga de la deuda. Desde Irving Fisher, sabemos que el tipo de interés real de los préstamos se calcula en función de dos variables: el tipo de interés nominal del mismo deduciendo la inflación. Como la deflación es inflación negativa, el tipo de interés real será mayor que el nominal y, por tanto, la carga de la deuda será asimismo mayor.

El segundo de estos argumentos es el más preocupante. En efecto, el montante total de las deudas será exactamente la misma estemos ante un proceso deflacionario o no y, sin embargo, los activos del balance de las empresas se ven mermados por lo que, teniendo en cuenta la partida doble contable, el patrimonio neto de la compañía tiene que ser, por fuerza, menor. Además, la bajada de precios normalmente va acompañada de una reducción de salarios. Si nuestra renta disponible es menor, dejando las deudas constantes, la carga o el esfuerzo que tendremos que realizar para satisfacerlas será mayor.

La deflación también puede ser beneficiosa


Por tanto, ni toda deflación es necesariamente perjudicial ni toda deflación tiene las mismas causas. Es necesario diferenciar entre los diferentes tipos de deflaciones: la causada por el descenso de los costes como consecuencia de un aumento de productividad de alguno (o de todos) los factores de producción (normalmente capital y trabajo) y la causada por un descenso en la demanda como consecuencia de una recesión o un descenso en la renta disponible de las familias. 

Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, y dentro de un régimen monetario de patrón oro, la productividad general de la economía, fruto de los cambios originados por las técnicas de producción y de modelos de transporte mucho más rápidos, aumentó de forma considerable. En este contexto, el PIB de EEUU creció un 4,5% anual entre 1870 y 1898, mientras los precios de los bienes y servicios de ese mismo país descendían un 34% en ese mismo período. Estábamos ante una buena deflación, que beneficiaba no solo a consumidores que pagaban unos precios más bajos, sino también a las empresas cuyos costes de producción se redujeron de forma notable.

En la actualidad, sin embargo, es evidente que no nos encontramos ante este escenario. En caso de existir deflación (todavía nos encontramos ante un proceso de desinflación, concepto diferente) nos encontraremos ante una mala deflación, puesto que el exceso de apalancamiento en el sistema consecuencia de un aumento del crédito por parte de los bancos está haciendo que muchas familias acaben destinando gran parte de sus recursos económicos a amortizar estas deudas, aumentando la carga de las mismas y provocando una espiral deuda-deflación de muy difícil salida.

¿Qué es el descalce de plazos bancario?

6/3/2014

Existen numerosas teorías en torno a las causas de la crisis financiera que desde 2008 estamos padeciendo. La falta de regulación de las entidades financieras y, en especial, de los bancos de inversión norteamericanos, los privilegios concedidos a la banca por parte de los Bancos Centrales o el elevado déficit fiscal que han mantenido muchos países a lo largo de los últimos años. Sin embargo, todas ellas se resumen en una única premisa: el excesivo nivel de endeudamiento no respaldado por ahorro real, consecuencia en cualquier caso del diseño del actual sistema financiero que, si bien es un elemento imprescindible de cualquier economía desarrollada, presenta numerosos problemas que, en última instancia, puede causar los ciclos económicos.

No en vano, la propia esencia del negocio bancario en lo que a sus funciones de intermediación se refiere es, precisamente, una de las teorías que, aun no formando parte del mainstream financiero, proporcionan una explicación que, desde mi punto de vista, es más que aceptable. Esta teoría es conocida como el descalce de plazos y forma parte de las explicaciones proporcionadas por algunos de los teóricos de la escuela austríaca de economía, como Antal Fekete o Juan Ramón Rallo en España.

El modelo de negocio de cualquier entidad bancaria es muy sencillo. Su función es obtener recursos económicos del público (su ahorro) y canalizarlos hacia la inversión (prestando esos fondos a agentes que así lo requieran). Es decir, su labor es la intermediación entre ahorro y la inversión, aplicando un tipo de interés mayor a los préstamos concedidos que constituyen su margen de intermediación, que a su vez forma parte del beneficio del banco. Hasta ahora, nada extraño que pueda inducirnos a pensar que este quehacer bancario en sí mismo pueda llegar a causar el ciclo económico.En realidad, el problema no es tanto que los bancos realicen esta función de intermediación sino cómo la realizan.

Por un lado, la captación de recursos del público se realiza mediante depósitos a plazo fijo o depósitos a la vista, generalmente con un plazo comprendido entre unos pocos meses y unos pocos años, ofreciendo un tipo de interés por la renuncia de utilización del dinero de manera inmediata (la preferencia por la liquidez). Por el otro lado, conceden financiación a los agentes que así  lo requieran, cobrando por ello un tipo de interés mayor y con un plazo mayor al plazo con que captaban financiación (hablamos de 40-50 años, o incluso más). Es decir, el negocio bancario obtiene recursos a corto plazo y los presta a largo plazo.

Este sistema produce el llamado descalce de plazos. Es decir, el mantenimiento  de activos ilíquidos o inmovilizados frente a pasivos a corto plazo o muy corto plazo, propio de la indosincrasia bancaria. El descalce de plazos supondría un problema para cualquier empresa ya que la permanencia en el tiempo de fondos de maniobra negativos (la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante) es la causa de muchas insolvencias empresariales, al no poder hacer frente a las deudas a corto plazo por no disponer de saldos de tesorería suficientes. Imaginemos una empresa cuyas deudas vencieran mañana por cuantía de 1 millón de euros  y que, a día de hoy, solo tiene disponible en tesorería 750.000 euros. En caso de que el prestamista no le refinanciase esta deuda o no fuese capaz de obtener los 250.000 restantes, la empresa tendría un problema. En estos casos aparecen liquidaciones precipitadas de activos para deshacer posiciones ilíquidas en balance cuyo precio de compraventa será, generalmente, más bajo que el valor real de ese activo.

Sin embargo, los bancos pueden mantener este fondo de maniobra negativo por varias razones:
  • Por un lado, tienen el privilegio de contar con todo un mercado interbancario a su disposición en el cual se ponen en circulación los más variados instrumentos financieros que podamos imaginar, pudiendo el banco acceder a la financiación que más le convenga en cada momento. En ocasiones, se negocian instrumentos financieros cuyo plazo vence en un día e, incluso, en pocas horas, los llamados repos, entre otros muchos.
  • Por otro lado, la ingeniería financiera propia de las entidades financieras permite obtener financiación adicional mediante la emisión de nuevos instrumentos financieros que sirven para dar liquidez a los activos inmovilizados, como los derechos de cobro a más largo plazo (hipotecas, por ejemplo). En este sentido, han aparecido numerosos  instrumentos financieros creados con este propósito, como las titulizaciones hipotecarias.
  • Pero es que, además, en caso de que las entidades financieras no sean capaces de obtener la financiación necesaria por ninguna de las vías mencionadas anteriormente, existe una institución, el Banco Central, que actúa como prestamista de última instancia para dotar de la liquidez necesaria a los bancos para que éstos puedan asumir sus compromisos de pago a más corto plazo.

En resumen, el descalce de plazos es una característica intrínseca de todas las entidades financieras, que provoca distorsiones entre el ahorro y la inversión, puesto que se inmovilizan fondos del público que, en muchos casos, son depósitos a la vista y, por tanto, exigibles por sus clientes en cualquier momento, sin un plazo predefinido. 

Pero, ¿se puede afirmar que el descalce de plazos bancario provoca el ciclo económico? Existen diversos académicos, como el citado Juan Ramón Rallo, que creen que sí. Sin embargo, otros académicos, también liberales, como Adrián Ravier, no creen que esta sea la causa del ciclo. El debate está servido.

La importancia de contratar productos para prevenirse contra la inflación: los depósitos a plazo fijo

12/2/2014

La forma tradicional de obtención de recursos económicos por parte de las entidades financieras con el fin de canalizarlos hacia la financiación de inversiones es la captación de depósitos por parte del público en general. El depósito bancario cumple (y ha cumplido a lo largo de la historia) las condiciones para ser el producto bancario por antonomasia: por un lado, permite a las entidades la obtención de una gran cantidad de recursos a un bajo coste y, por otro, es el producto en el que el gran público confía sus ahorros.

Aunque la mayoría de depósitos que las entidades bancarias tienen en su pasivo son los depósitos a la vista, productos sin vencimiento fijo, con disponibilidad inmediata y que casi nunca proporcionan una rentabilidad determinada por los ahorros depositados, cada día están adquiriendo mayor importancia y relevancia los depósitos a plazo, en los que existe un vencimiento establecido y una rentabilidad fija para el efectivo depositado. Ejemplos de ello son el depósito a un año, que ofrece una cierta rentabilidad para nuestros ahorros a un año, abonando los intereses al vencimiento junto con el efectivo dispuesto.

La opción de los depósitos bancarios es cada día una opción más a tener en cuenta por el público en general debido a la pérdida de poder de compra continuo a la que está expuesta nuestra moneda, es decir, a la inflación. Las últimas políticas monetarias tan agresivas que han sido llevadas a cabo por los Bancos Centrales,en especial la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón, poniendo en circulación ingentes cantidades de dinero con el objetivo de paliar la crisis financiera han conducido a una reducción más que notable de los ahorros que los ciudadanos tenemos depositados en los bancos.

Mil euros hoy no son mil euros dentro de un año y mucho menos dentro de cinco. Depositando nuestros ahorros en un depósito a la vista durante este tiempo perderemos capacidad de compra en la proporción en que aumente la inflación que, recordemos, crece de manera exponencial año a año (una inflación del 2% anual no equivale a 10% de inflación dentro de cinco años, sino a 32%). Por este motivo es muy importante que nuestros ahorros crezcan, y el depósito a plazo es un producto ideal para que nuestro dinero no pierda capacidad adquisitiva o, al menos, que lo haga en una proporción menor, además de tener nuestro dinero asegurado al vencimiento. 

¿Por qué son tan importantes los bancos en cualquier economía desarrollada?

12/1/2014

Las entidades que peor suerte corren cuando se desencadena una crisis son los bancos y en general, todas las entidades financieras, no solo en cuanto a las pérdidas que tienen que registrar sino, sobre todo, en lo que se refiere la pérdida de confianza en su imagen corporativa por parte de sus usuarios y clientes. Los ciudadanos estamos buscando continuamente culpables a todos los problemas que nos azotan y en épocas de recesión económica son siempre las entidades bancarias los más señalados como desencadentantes de las crisis económicas, hasta el punto de existir voces que abogan por la total desaparición de la labor de intermediación financiera tal y como está concebida en la actualidad.

Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, los bancos no han actuado de manera responsable gracias al auspicio y privilegios que les proporciona estar bajo el paragüas del Banco Central de turno, uno de las pocas instituciones de planificación central que todavía existen después de la caída del Muro de Berlín, no menos cierto es que, aún a pesar de las dificultades existentes, todavía siguen siendo agentes necesarios para el correcto funcionamiento de la economía. Pero, ¿por qué?

Casi desde que se comenzaron a dar los primeros intercambios comerciales, fruto de la división del trabajo y de la especialización, los agentes se vieron en la necesidad de diferir los pagos, sobre todo aquellos más onerosos puesto que, en muchas ocasiones, su renta disponible no era suficiente como para satisfacer su necesidad. Fue el comienzo de la actividad financiera. Desde el principio, se comenzó a ver que este modo de pago acarreaba numerosos problemas:

  • Por un lado, la persona necesitaba fondos que proviniesen de un agente que los hubiese ahorrado previamente. Es decir, era necesario encontrar otra persona que estuviese dispuesta a prestarnos a nosotros sus ahorros, con el coste de transacción que eso podía suponer.

  • Sin embargo, aun encontrando a esa persona, ésta no siempre iba a estar dispuesta a prestar su dinero si no contaba con la garantía de restitución de sus ahorros. El crédito (aquí nace la palabra) del prestatario era esencial para que se realizase el intercambio financiero. En muy pocas ocasiones, el prestamista iba a renunciar a sus ahorros si consideraba que su potencial deudor podría llegar a ser insolvente. 

  • Además, se podía dar la circunstancia de engaños en cuanto a la solvencia o liquidez de un determinado agente debido a la existencia de información asimétrica. En efecto, una persona perspicaz que pudiese conocer las características de su contrapartida podía ocultar sus riesgos de manera tal que a simple vista pudiese parecer una persona con una economía saneada y en la cual se podía confiar cuando, en realidad, no era así.

Para salvar estos problemas, nacieron unos agentes llamados intermediarios financieros. Su función principal consistía en la captación de recursos económicos por parte de los ahorradores para financiar las inversiones de aquellos que tenían déficits de fondos. Estos intermediarios asumían el riesgo de insolvencia del deudor y garantizaban que una persona pudiese acceder a la financiación que requería en el tiempo y forma que demandaba, eliminando de esta manera el coste de transacción derivado de la necesidad de encontrar una contrapartida. Estos intermediarios reclamaban un precio por la renuncia a estos recursos económicos y por el riesgo asumido, llamado tipo de interés, que sería tanto mayor cuanto mayor fuese el plazo de devolución del préstamo y el riesgo asumido (la famosa prima de riesgo). 

De este modo tan resumido nacen los intermediarios financieros, que ahora todos conocemos por bancos. En la actualidad, su función consiste en captar pasivos en forma de depósitos a la vista o a plazo fijo, pagando por ellos un tipo de interés, y utilizar estos recursos para conceder financiación a los agentes que lo necesiten. El diferencial entre los tipos de interés constituye el margen de intermediación, y es, junto con las comisiones, el concepto de mayor importancia en la obtención de beneficios de toda entidad financiera.

Para valorar correctamente su importancia, simplemente pensemos en la cantidad de infraestructuras  (carreteras, colegios, redes de transporte ferroviario, hospitales...) que se han construido gracias a la canalización de recursos económicos ahorrados hacia la financiación de proyectos de inversión merced a la actividad de estos intermediarios financieros. Desde luego, es difícil pensar que este tipo de obras se hubiesen podido pagar al contado.

En la actualidad, los intermediarios financieros juegan tienen cada vez más un papel más protagonista en el mundo económico. En muchos países desarrollados, el volumen de fondos controlados por estos intermediarios supera con creces el PIB y sus competencias han traspasado fronteras gracias a la globalización y al desarrollo de la tecnología. Sin embargo, su irresponsabilidad en la valoración de riesgos al conceder créditos y su parte de culpa en el desencadenamiento de las crisis financieras les han puesto en el centro de las críticas de numerosos ciudadanos y analistas políticos y económicos.

No obstante, su importancia para el correcto funcionamiento de la economía sigue siendo, a día de hoy, mayúscula y, para muestra, la cantidad de ciudadanos y empresas que se quejan de la falta de financiación. Ahora bien, que el crédito sea esencial para el correcto funcionamiento de la economía no es sinónimo de que cuanta más deuda haya en circulación más eficiente será la economía. Antes bien, es necesario que la deuda se encuentre en unos niveles razonables, cosa que desde que estallara la burbuja crediticia nunca ha ocurrido. De todos modos, las razones de estos problemas son bastante diferentes a la mera existencia de estos intermediarios financieros, aunque eso será harina de otro costal.

 
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