¿Por qué una renta básica universal nos haría más pobres?

19/8/2014

A raíz de la reciente irrupción de Podemos dentro del debate político español, se ha intensificado el debate acerca de la necesidad o no de proporcionar una renta básica universal a todos los ciudadanos de nuestro país solo por el mero hecho de serlo e independientemente de su capacidad de generar riqueza o de su situación particular dentro de la sociedad. 

Una medida que, a priori, constituye una necesidad imperiosa, en especial para los estratos más bajos de la población, los cuales tienen verdaderas dificultades para acceder a los servicios y bienes más básicos al carecer de los recursos económicos suficientes. Sin embargo, esta propuesta adolece de serios problemas a nivel macroeconómico que creo es necesario detallar para no caer en demagogia.

La renta básica como generador de tensiones inflacionistas


La renta básica universal, al proporcionar una serie de recursos económicos mínimos a cualquier ciudadano, provoca un abandono de los trabajos peor remunerados. Puesto que el empleado pasa a recibir un ingreso mínimo sin necesidad de trabajar, podría abandonar su puesto de trabajo si considera que no le merece la pena. El empresario, a su vez, debería mejorar de forma sustancial sus condiciones de trabajo para evitar que abandonase su trabajo, bien sea mediante un aumento de sus condiciones salariales o bien mediante una reducción de su horario de trabajo.

Supongamos que el empresario puede mejorar el salario de su empleado de tal manera que éste, gracias a sus mayores ingresos, renuncia a la renta básica para seguir trabajando en la empresa. Si esto ocurre, el empresario tendrá que repercutir el mayor coste empresarial sobre el precio del producto o servicio con el objetivo de mantener la rentabilidad empresarial. En este sentido, la renta básica podría provocar tensiones inflacionistas por el lado de los costes.

Además, a medida que los precios sigan subiendo, los ciudadanos exigirán una mayor cuantía de su renta básica que compense la pérdida de poder adquisitivo, entrando en una espiral inflacionista en la que, conforme aumenten los salarios exigidos por los trabajadores y, por tanto, la inflación, mayores serán las tensiones inflacionistas futuras.

La producción se estancaría... con efectos inflacionistas y sobre nuestra moneda


Si, en cambio, el empresario no se puede permitir mejorar las condiciones laborales de sus empleados, hecho que ocurriría en la mayor parte de sectores y empresas máxime teniendo en cuenta que, en muchos casos, el salario de sus trabajadores guardaría poca relación con la productividad marginal que son capaces de proporcionar, este tipo de trabajos estaría condenado a desaparecer, provocando una menor producción y, por tanto, una menor oferta de bienes y servicios. 

Al mismo tiempo, la renta básica aumentaría la demanda de bienes y servicios de los ciudadanos. Estos dos efectos conjugados, mayor demanda y menor oferta, harían aumentar los precios, reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos y provocando una espiral inflacionista de similares características a la descrita en el punto anterior.

Además, la moneda sufriría una fuerte depreciación como consecuencia de la mayor demanda de productos del extranjero y el menor ritmo exportador que provocaría la menor producción. En estas circunstancias, parece razonable pensar que la mayor parte de países que conforman la zona euro se opondrían de forma frontal a la renta básica universal, más aún cuando, hasta ahora, la política monetaria ha ido encaminada a mantener un euro fuerte.

Salir del euro tampoco sería la solución puesto que la depreciación sistemática de la moneda haría aumentar el coste de los productos importados, en especial de los energéticos de los que España es altamente dependiente, como petróleo o gas natural.

¿Y qué ocurre con el ciclo económico?


La renta básica es universal y constante: el ciudadano recibiría siempre la misma renta, independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos, ya sea boom económico o recesión. Esta situación no es la más adecuada ni siquiera para los keynesianistas más ortodoxos, puesto que inyectar aún más dinero en etapas de crecimiento económico no haría sino calentar aún más la economía, provocando burbujas e inflación.

En definitiva, en una ciencia tan compleja como la ciencia económica, regalar dinero a los ciudadanos, máxime cuando no existe control sobre la política monetaria y, por tanto, no podemos imprimir más moneda ni manipular artificialmente el tipo de interés, no hará sino empobrecernos aún más por la vía del aumento de precios y de las espirales inflacionistas.

Más madera: las claves de la última reunión del BCE

5/6/2014

Se esperaba mucho sobre la última comparecencia del presidente del Banco Central Europeo. Los últimos movimientos de la cotización del EUR/USD parecían estar descontando una batería de medidas de las llamadas no convencionales por parte de la autoridad monetaria europea, y Draghi no defraudó a nadie, y mucho menos a los mercados.

Al margen del anuncio de la rebaja de tipos de interés y de la facilidad de depósito, el Banco Central Europeo ha optado por llevar a cabo medidas monetarias a la japonesa (o a la norteamericana, como ustedes prefieran), impulsando nuevas medidas de compras de activos para luchar contra la temida deflación, su objetivo principal. Repasamos qué implicaciones tiene cada una de ellas y cuál puede ser, a mi juicio, su eficacia real.

Rebaja de tipos de interés al 0,15%

En primer lugar, la rebaja de tipos de interés al 0,15% desde el 0,25% abarata en diez puntos básicos el precio del dinero. Los bancos pueden disponer de él a un precio menor, lo que debería servir para mejorar las condiciones de financiación de los clientes de bancos, tanto empresas como particulares. Cuanto menor sea el precio al cual los bancos pueden obtener dinero, menor también será el precio de los créditos que los bancos trasladarán a sus clientes. 

Ahora bien, la efectividad de esta medida convencional es, cuando menos, dudosa. No parece que el criterio seguido por las entidades para la concesión de créditos sea que puedan obtener el dinero más barato, sino la confianza en sus prestatarios. No en vano, el crédito a cinco años está en niveles cercanos al 7% y muy alejados del nivel actual del precio oficial del dinero que, a partir de ayer, se fijó en el 0,10%.

Facilidad de depósito negativa (-0,10%)

Cuando los bancos tienen excedentes de tesorería pueden acudir al banco central para obtener un cierto rendimiento por esta liquidez extra. Depositar este dinero en el Banco Central implica inmovilizar unos recursos que bien podrían haber sido utilizados por las familias y empresas para acometer sus decisiones de inversión y financiación. El BCE aplicará una tasa negativa a estos depósitos con el objetivo de penalizar el ahorro de los bancos y el inmovilizado de estos fondos para que los bancos lo canalicen hacia la economía real.

Esta medida, sin embargo, adolece de los mimos problemas que la reducción del tipo de interés. El problema no es tanto que los bancos estuviesen inmovilizando ingentes cantidades de fondos en el Banco Central, sino que la demanda de crédito no es del todo sana y, por este motivo, el análisis de riesgos de un banco comercial no recomienda atender demanda no solvente de crédito.

Refinanciaciones a largo plazo condicionadas (TLTROs) 

Los famosos Litros (LTRO por sus siglas en inglés Long Term Refinancing Operations) fueron una serie de medidas no convencionales que Mario Draghi puso a disposición de los bancos comerciales para paliar la difícil situación que vivía el mercado interbancario, tan escaso de recursos allá por los años 2011 y 2012. Se trataba de una serie de créditos a largo plazo que el BCE concedía a las entidades bancarias al 1% con el objetivo de mejorar las condiciones de financiación de la economía, aunque no existía ningún tipo de condicionalidad específica. Es decir, los bancos podían utilizarlos a su antojo. Resultado final: los litros facilitaron el carry trade de la deuda pública, en el que los bancos obtenían una rentabilidad por la inversión del 4% sin ningún tipo de riesgo. 

En esta ocasión se ha anunciado una nueva movilización de fondos por valor de 400.000 millones de euros a cuatro años en el mismo sentido que las pasadas LTROs pero con la diferencia de que, en este caso, estarán condicionadas a la concesión de préstamos para actividades no relacionadas con el sector financiero ni para la concesión de préstamos hipotecarios. Se trata, por tanto, de propiciar que los bancos canalicen toda esa liquidez a la economía real en forma de crédito a las pymes.

Precisamente, esta condicionalidad es la que puede dotar de eficacia efectiva a esta medida. El hecho de contar con una cierta supervisión puede permitir la canalización de liquidez a las empresas, evitando de esta manera que el dinero se quede en el circuito cerrado de la economía real, como ha ocurrido no solo con las anteriores LTROs sino también con otros manguerazos de liquidez por parte de otros Bancos Centrales más heterodoxos.

Nuevos preparativos para la compra de activos, especialmente ABS

El BCE ha sido, hasta el día de ayer, uno de los pocos Bancos Centrales con verdadera disciplina en materia monetaria, a diferencia de sus homólogos japonés, norteamericano o británico. Cada uno de ellos, en mayor o menor medida, ha puesto en circulación ingentes cantidades de dinero a cambio de la compra de diferentes variedades de activos, tanto públicos como privados. Sin embargo, parece que el BCE también se va a sumar a esta moda.

No en vano, ya se está preparando el terreno para la compra de los llamados Asset Backed Securities (ABS), también conocidos como titulizaciones, una alternativa a la deuda corporativa y cuyo pago está respaldado (o colateralizado) por un determinado activo, como una hipoteca.

Desde hace tiempo, se esperaba que Draghi anunciase una QE a la Europea y quizá la compra de ABS sea el primer paso para llevarlo a cabo, a pesar de que todavía no sabemos ni la cuantía de activos que adquirirá ni el calendario de plazos que se seguirá mismos. De momento, el bazooka parece estar preparado para disparar.

Suspensión de la esterilización en la compra de bonos

La esterilización es un proceso que busca neutralizar el efecto de la liquidez que provocan las compras de bonos por parte del BCE en el mercado secundario. Cuando se realizan estas operaciones, el BCE pone en circulación una determinada cantidad de dinero que se canaliza hacia los vendedores de estos bonos, disponiendo éste de una liquidez determinada para decidir qué hacer o qué no hacer con este dinero.

Un problema derivado de estas compras puede ser el aumento de la inflación. Para paliar este problema, el BCE puede optar por retirar una parte del dinero en circulación en otra parte del mercado vendiendo, por ejemplo, bonos que figuren en su balance a otro inversor interesado. Es decir, con la compra de bonos, el BCE intenta que el dinero fluya en el circuito económico, pero no que se inunde el mercado, hecho que podría provocar bastante inflación.

Sin embargo, en un momento de baja inflación como el que vivimos, la suspensión de la esterilización de la compra de bonos no debería ser un problema importante. Es más, el objetivo del BCE y de Mario Draghi es crear inflación, lo que significaría que el volumen de deuda baja y que la situación económica se reestablece.

En definitiva, Mario Draghi ha sacado toda la artillería pesada como ya había anunciado en su momento. Unas medidas cuyo objetivo principal es la búsqueda de la inflación pero, sobre todo, la búsqueda del crecimiento económico.

¿Recuperación? El sector público tiene todavía comprometidos 146.500 millones de euros

7/5/2014

A pesar de los mensajes optimistas del Gobierno en materia económica y, sobre todo, financiera (la prima de riesgo muestra su nivel más bajo en cuatro años) la crisis todavía sigue siendo un hecho y los desequilibrios se acentúan cada día más. El elevado volumen de deuda privada se ha transformado en deuda pública y los estabilizadores automáticos, entre otras muchas cosas, están imposibilitando el proceso de consolidación fiscal acordado con Europa. No en vano, España acumula ya un déficit público de medio billón de euros en los últimos cinco años.

Sin embargo, todavía existen compromisos de pago no contabilizados como deuda pública, entre otras cosas porque dependen de que se produzcan ciertos eventos futuros. En la jerga económica, se denominan pasivos contingentes, también llamados avales públicos que, hasta el 31 de Marzo, ascendían a 146.523 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 14 por ciento del PIB.

La cifra ha sido enviada a Bruselas como parte del Programa de Estabilidad y muestra la enorme importancia de estas garantías a la hora de afrontar la crisis, en especial para las entidades financieras, que han podido otorgar emisiones de deuda dentro del marco de la estrategia de la Unión Europea, y para cubrir el llamado déficit tarifario. Lo cierto es que los avales han crecido en un 49% con respecto a los existentes a 31 de Diciembre de 2011. Es decir, no solo ha crecido el pasivo del estado (la deuda pública) sino también los pasivos contingentes que, aun no estando contabilizados, pueden convertirse en un problema real a medio plazo.

Como cualquier otro aval concedido por una persona a otra, el Estado es el responsable civil subsidiario en caso de que el avalado incumpla sus compromisos de pago. Es decir, a pesar de que la citada cuantía no compute como deuda pública, puede hacerlo en un futuro si se diese la circunstancia de insolvencia por parte del deudor avalado. En un escenario extremo, si todos los compromisos avalados se incumpliesen, el Estado tendría que emitir deuda por valor de casi 150.000 millones de euros y, teniendo en cuenta la debilidad de los estados financieros de muchas entidades que han contado con la garantía estatal, como la SAREB (48.391 millones de euros), Bankia (15.000 millones de euros), Banca Cívica (unos 6.000 millones de euros), NovaCaixa Galicia (3.400 millones de euros) o Catalunya Caixa(4.000 millones de euros), podríamos encontrarnos ante un monumental y nuevo agujero dentro de las cuentas públicas. Y, eso sí, todo a cargo del contribuyente.

En defensa de un euro fuerte

29/4/2014

Muchos son los analistas financieros y políticos que piden una política monetaria más decidida a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, para combatir dos efectos económicos más que preocupantes: por un lado, la amenaza de deflación en toda la zona euro y, por otro, el encarecimiento de la moneda única con respecto al resto de divisas, y más concretamente, con respecto al dólar americano, hecho que incrementa los precios relativos de los productos españoles y produce, a priori, un verdadero prejuicio para los exportadores. 

No en vano, son muchas las voces que abogan por un Quantitative Easing a la europea; es decir, por una compra masiva de bonos públicos y privados por parte del BCE a cambio de la puesta en circulación de dinero por esa cantidad. El riesgo de una espiral deuda-deflación es demasiado grande como para dejar en manos de la mano invisible del mercado la solución a todos los males financieros. La solución no es en absoluto trivial pero bien es cierto que existe un consenso generalizado entre los economistas más ortodoxos de que una mayor intervención en materia monetaria es esencial. Sin embargo, este razonamiento adolece de varios problemas.

Por un lado, la economía está creciendo a un ritmo similar a la cantidad de dinero en circulación. Si esto no fuese así, esta cantidad adicional de dinero se materializaría en una cierta inflación, objetivo último de quienes defienden la devaluación de la moneda única pero no así del BCE, cuyo único mandato es el de la estabilidad de precios, en concreto, en el 2% anual.

Por otro lado, no es cierto que un euro fuerte perjudique a los exportadores. En primer lugar, porque cerca del 70% de las exportaciones españolas se producen a otros países de la zona monetaria única y, por tanto, el efecto de la moneda es cero. Por otro lado, porque un euro fuerte abarata las importaciones y, en especial, el coste energético. En la actualidad, la tasa de dependencia energética española asciende al 75%, muy por encima de otros países de nuestro entorno. En este contexto, cuanto mayor sea el precio del euro en función del dólar, menor será el coste energético que tendrán que soportar las empresas españolas y, en especial, las empresas más intensivas en capital. No en vano, uno de los costes que lastran la competitividad de un país como España es el precio de la energía.

Por último, no es cierto que exista un riesgo real de deflación. En cambio, lo que ocurre es que España, al igual que otros países de nuestro entorno, nos encontramos en un proceso necesario de desinflación, sobre todo de precios y salarios. El riesgo de deflación podría aparecer en un futuro pero ni siquiera el temor infundado de muchos analistas del mainstream parece estar del todo justificado.

Es precisamente con un euro caro con el que se ha logrado el milagro exportador español, cerrando la balanza por cuenta corriente por superavit de 7.130 millones de euros. En definitiva, una acción decidida y agresiva por parte del BCE al más puro estilo de la Fed o el Banco de Japón no solo beneficiaria tanto a Europa como a los mercados financieros pero, al igual que ocurre en estos países, puede que el efecto de las políticas monetarias no acabe llegando a la economía real. Por todo esto, quizá sea más conveniente la defensa de un euro caro.

Un crecimiento económico anti-climático

22/4/2014

El último informe sobre cambio climático auspiciado por la ONU volvió a alertar por enésima vez; sin desarrollo sostenible y equidad internacional, el riesgo de cambio climático es inminente. Y advierte; si los principales actores de la economía global persisten en la consecución de sus intereses de forma individual, la mitigación del cambio climático será inabordable y simplemente irrealizable.

Estas son las principales conclusiones que se infieren a partir de la reciente publicación del quinto informe de evaluación elaborado por los expertos y científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), donde se indica que en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, los gases de efecto invernadero continuaron mostrando incrementos interanuales de 1 giga toneladas en términos equivalentes de CO2  y que, por lo tanto, el ritmo de incrementos anuales de dichas emisiones sigue manteniéndose en máximos históricos (a pesar de la última crisis económica mundial de 2007 y 2008) y duplica los incrementos medios registrados durante el periodo 1970-2000 (0,4 giga toneladas interanuales más año tras año).

Las razones que explican esta circunstancia se encuentran bien identificadas en dicho panel de expertos y consisten, principalmente, en una intensificación creciente del uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) y en una mayor generación de procesos industriales.

Ambos factores sumaron 38 giga toneladas de emisiones de CO2 en el año 2010, de un total de 49, siendo una consecuencia lógica, en opinión de los expertos, de los constantes ritmos de crecimiento económico y de la población experimentados a nivel mundial durante las últimas décadas.

En términos concretos, las medidas -consensuadas- que deberían tratar de mitigar el riesgo de cambio climático (cuantificado en un incremento superior a los 2°C, sobre la temperatura media del periodo pre-industrial) aluden a la disminución de la dependencia sobre el carbón en el mix de suministro energético (actualmente genera más del 40% de las emisiones de CO2 relativas a combustibles fósiles, por encima del petróleo  y el gas), a continuar potenciando la generación de electricidad a partir de energías renovables (como la eólica o la solar), a mejorar las tecnologías de captura y almacenaje de CO2 o a perfeccionar tanto las infraestructuras de transporte urbano como las tecnologías del sector inmobiliario y residencial (se espera que casi el 70% de la población mundial viva en entornos urbanos en el año 2050 frente al 52% actual).

Queda por lo tanto, un largo pero apremiante camino económicamente sostenible por recorrer.

Sergio Pérez es licenciado en Economía y creador del blog “El Captor”. Posee una larga trayectoria profesional en la empresa privada y ha trabajado como economista y docente en el sector público. Ha sido también colaborador del diario publico.es y actualmente colabora de forma esporádica en el Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón

¿Qué ocurriría si se impaga la deuda pública?

1/4/2014

El pasado Sábado 22 se celebraron en Madrid las marchas por la dignidad, en la que cientos de miles de personas venidas de todas partes de España se reunían en Madrid para manifestarse y pedir al Gobierno pan, trabajo y techo. Unas exigencias totalmente razonables y a las que se sumaron miles de manifestantes más que acabaron colapsando el centro de la capital de España y que terminaron con los graves incidentes entre polícia y un grupo violento de manifestantes, convirtiendo un ambiente festivo en toda una batalla campal.

Uno de los lemas más llamativos de esta marcha era claro: no podremos salir adelante mientras tengamos la herencia de la deuda pública; por lo tanto, ¿por qué no la dejamos de pagar? Una propuesta que fue aplaudida y defendida por todos los manifestantes e incluso fue incluida dentro de uno de los manifiestos de las marchas. Sin embargo, si bien no seré yo quien defienda la acumulación de deuda pública, se trata de una petición tan inútil como absurda que no hará sino agravar aún más si cabe los problemas financieros de los españoles. ¿Qué ocurriría si se impaga la deuda pública?

En primer lugar, cabría preguntarse qué ocurriría en caso de impago de deuda pública desde un punto de vista jurídico. La deuda pública, como cualquier otro pasivo, constituye un contrato que vincula a dos partes, acreedor y deudor, en virtud del cual una de las partes, el deudor, se obliga a satisfacer  el capital prestado junto con los intereses pactados en contrato. Incumplir este contrato de manera unilateral llevaría a España a un escenario de inseguridad jurídica que espantaría a futuros inversores. ¿Para qué iban a traer sus capitales a España con tales antecedentes? Pero, sobre todo, ¿cómo financiaríamos el elevado déficit que arrastra España desde que comenzara la crisis? Eso lo analizamos desde el punto de vista económico.

Imposibilidad para financiar el déficit fiscal


Según las cifras proporcionadas por el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, España habría terminado 2013 con un superávit primario de 1,1% de no ser por la deuda pública. Dicho de otro modo, si no tuviésemos que pagar los intereses de la deuda ni teniendo en cuenta el efecto de la crisis, los ingresos superarían a los gastos en ese porcentaje. Sin embargo, la emisión de nueva deuda pública ha sido imprescindible para financiar el elevado déficit fiscal español debido a la imposibilidad de obtener recursos económicos por medio de los impuestos u otros ingresos. De no haberse emitido esta deuda, habría sido imposible financiar la sanidad, la educación y, en general, todos los servicios sociales.

En la actualidad, España tiene un déficit fiscal del 6,62%, o un desfase entre gastos e ingresos de, aproximadamente, 66.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que los intereses de la deuda se situarán en cerca de 36.590 millones de euros, el desfase total si se impagara la deuda y, por tanto, se dejaran de pagar los intereses de la misma, ascendería a cerca de 30.000 millones de euros, unos 82 millones de euros diarios a lo largo de todo el año. La pregunta es, ¿cómo financiamos este déficit?

La respuesta es sencilla: de ninguna forma. Una quita unilateral de la deuda por parte de España llevaría aparejada un recorte brutal de gasto de un día para otro de forma inexorable, debido a la incapacidad del país para emitir nueva deuda pública en los mercados financieros. 30.000 millones de euros es mucho dinero. Es la cuantía de las prestaciones por desempleo, un 25% de lo que nos gastamos en pensiones, el 62% de lo que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas, etc. ¿De dónde recortamos? ¿Aún más Sanidad y Educación? ¿Más servicios sociales? El resto de partidas del gasto en los PGE no dan para ahorrarnos todo ese dineral.

La única vía relativamente viable de conseguir este objetivo sin renunciar al gasto público es que España abandone el euro, recupere su soberanía monetaria y devalúe la moneda, mediante la monetización de la deuda pública por parte del Banco Central. Sin embargo, este tipo de episodios han terminado en inflaciones galopantes que han causado aún mayor sufrimiento a los habitantes del país, como la vivida en la República de Weimar entre 1921 y 1923 o la más reciente hiperinflación de Zimbaue.

Los bancos y las Administraciones Públicas quebrarían


Por si esto fuera poco, el impago de la deuda desataría una serie de consecuencias asimismo indeseables desde el punto de vista de los propios acreedores. Es obvio que si se impaga la deuda pública dejaríamos de pagar el dinero que nos han prestado, por lo que los más perjudicados serán los acreedores, que perderían toda su inversión. Esto no parece preocupar mucho a aquellos que apoyan la auditoría de la deuda, quizá por desconocimiento de quienes son los tenedores de esta deuda pública. Quizá muchos se sorprenderían al ver que la mayor parte de la deuda pública está en manos de residentes españoles, casi el 60%, tal y como muestra el siguiente gráfico.  


Pero no se vayan, aún hay más sorpresas. Si pensábamos que la mayoría de deuda pública estaba en manos de inversores institucionales (en general, fondos de inversión y fondos de pensiones), estábamos muy equivocados. A partir de la primera parte de la crisis, buena parte de los inversores institucionales residentes comenzaron a deshacer sus posiciones en deuda pública española. En cambio, dos actores inesperados comenzaron a adquirir buena parte de esta deuda para que el titular de Expansión fuese siempre el mismo: la subasta del Tesoro ha sido un éxito total, además de actuar como amortiguador de la prima de riesgo española.

Por un lado, las entidades de crédito comenzaron a acaparar gran parte de la deuda pública española, por dos motivos: por un lado, porque el BCE lo considera como activos de máxima calidad para la financiación de las entidades de crédito (es decir, sirven como colateral para el descuento de nuevos préstamos) y, por otro, por la elevada rentabilidad y seguridad del llamado carry trade: financiarse al 0,5% del BCE y obtener una rentabilidad del 5% en bonos del estado.

Por otro lado, las Administraciones Públicas y, en especial, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comenzaron asimismo a adquirir elevadas proporciones de deuda pública española. Quizá esta fuese la única forma de colocar las emisiones de deuda pública entre los inversores aunque, en este caso, la inversión quedase en casa.

La distribución de la deuda pública entre los tenedores residentes es la siguiente:


Ambos tenedores, AAPP y entidades de crédito, constituyen casi el 40% de la deuda pública en circulación. El impago de la misma supondría un agujero de casi 30.000 millones en las entidades de crédito y de casi 9.000 millones de euros en las Administraciones Públicas, añadiendo 90 puntos básicos más de déficit a las tan maltrechas arcas públicas. En este caso estaríamos hablando de la quiebra del sistema financiero español en pleno, de la más que posible quiebra del Sistema de Seguridad Social y, en general, de todo el Estado español, ante la imposibilidad de refinanciar casi 39.000 millones de euros (30.000 millones de déficit estructural + casi 9.000 de agujero en las cuentas públicas que quedarían después del impago). Todo ello sin hablar del prejuicio que tendrían que asumir muchas empresas y ciudadanos que también tienen sus ahorros invertidos en deuda pública.

De todos modos, quizá una auditoría ciudadana de la deuda propugne el impago de una parte de la deuda en función del tipo de acreedor, realizando una quita total a la misma sobre la deuda en manos de fondos de inversión, planes de pensiones, entidades de seguro y del sector no residente.  En este caso, la quita se realizaría sobre el 55% de la deuda pública en circulación. Es decir, la deuda pública se situaría en un nivel razonable de aproximadamente el 45% del PIB, siendo los intereses a pagar cercanos a 17.000 millones de euros. El déficit quedaría en 47.000 millones de euros, aproximadamente un 4,7% del PIB. Sin embargo, tendríamos que confiar todas nuestras emisiones de deuda futuras a estos agentes, fundamentalmente las entidades de crédito y las Administraciones Públicas. El problema es que la capacidad de estos agentes llega hasta donde llega y, después de ver una tímida recuperación de la inversión institucional en España, quizá no sea muy buena idea.

En definitiva, el impago de la deuda pública española supondría, a diferencia de lo que muchos piensan, la más que segura quiebra del sistema financiero y del conjunto de instituciones que conforman el Estado, en especial el de la Seguridad Social, al margen de crear un ambiente de inseguridad jurídica que haría muy difícil que retornasen inversiones a nuestro país. Quizá la única forma de llevar a cabo una quita tan drástica sea, como ya hemos apuntado, abandonar la moneda, recuperando de esta manera la soberanía monetaria e imprimir como locos. Sin embargo, esta medida tendría una contrapartida muy contraproducente que puede acabar en hiperinflación.

Nota: los cálculos se han realizado tomando como base los datos del Tesoro (datos aproximados)

 
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